La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos por 996 mil 804 pesos a tres prestadores de servicios eventuales de los Servicios de Salud de Durango sin contratos que ampararan el periodo del 1 de enero al 24 de diciembre de 2025, según la auditoría 817 de la Cuenta Pública 2025 que reportó El Siglo de Durango.
Son 332 mil 268 pesos por cada prestador. HiperDiario consigna además una calificación de 36 puntos sobre 100 en el control interno de los Servicios de Salud y nueve investigaciones abiertas por la Contraloría estatal por posibles faltas administrativas.
El informe presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal y señala que la administración estatal entregó documentación complementaria y comprobantes fiscales que solventaron solo una parte de las observaciones; el remanente sigue sin aclaración definitiva. La ASF también documentó que el gobierno estatal omitió incluir la revisión de estos recursos sanitarios en su Programa Anual de Evaluación y que los contratos del personal temporal se firmaron por tres meses cuando la norma exige un mínimo de un año.
Para quien acude a un centro de salud estatal, el punto está en quién atiende: los pagos observados corresponden a personal eventual que cubrió casi todo 2025 sin un contrato que respaldara el periodo laborado, y las contrataciones por tres meses limitan la continuidad de quienes dan consulta y cubren guardias.
El gobernador Esteban Villegas Villarreal sostuvo, en declaraciones publicadas el 6 de noviembre, que las observaciones son acotadas y corregibles. "Son cosas que podemos solventar todavía", dijo, según Notigram. En la misma comparecencia afirmó que la auditoría de salud arrojó 24 resultados: 14 sin irregularidades, ocho solventados antes del informe y dos que derivaron en un pliego de observaciones y una recomendación.
El gobierno estatal cuenta con 30 días hábiles para responder a la ASF con la documentación comprobatoria. La Contraloría estatal mantiene abiertas las nueve investigaciones por posibles faltas de servidores públicos, y la evaluación de estos recursos quedó programada para ejercicios posteriores sin que los reportes oficiales transparenten sus avances en los plazos establecidos.
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